Alrededor de 2,600 denuncias de abuso sexual a menores por mes recibe la Procuraduría, cifra que casi duplica las 1,400 querellas que por este concepto recibía, en promedio, la entidad, en igual lapso en los últimos cuatro años.
Las consecuencias que acarrea el abuso sexuual para un menor no solo se circunscriben a su involucramiento en un proceso judicial, el daño emocional se refleja en un cambio drástico de conducta.
Al factor de la incomodidad que representa hablar del tema se suma otro peor, que los padres muchas veces no crean lo sucedido e incluso, olviden rápido el asunto cuando el acusado es un familiar o el propio progenitor, una realidad que constituye cerca del 85 por ciento de los casos reportados.
“Está el temor que impide hablar; el niño es amenazado, cuando lo hace en principio la familla se resiste a creerle, y en algunas circunstancias si le cree prefiere ocultar las cosas”, expresa el sociólogo Juan Carlos Márquez.
En ocasiones, el miedo a que la familia sea señalada hace que las cosas no trasciendan y que no se haga justicia y algunos optan por mandar a la víctima a otro lugar para evitar que surjan comentarios o para apaciguarlos.
Sin embargo, las denuncias sobre incesto no son las únicas que se callan, muchas veces los padres de los afectados “se transan” o llegan a negociaciones con los agresores, lo que entorpece la labor de la justicia, porque no se da seguimiento a las audiencias.
“A veces se negocia con el problema y los padres dicen que solo quieren una cama para su muchachita, o después que han identificado al culpable, las víctimas cambian de opinión y dicen que no están seguras, entonces jamás aparecen para continuar el juicio”, indica Raquel Mascaró, coordinadora de la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia.
No obstante, la magistrada exhibe entre los logros de la institución que el número de sentencias dictadas ha aumentado.
Ese departamento se encarga, además de perseguir al denunciado, de ofrecer asesoría sicológica a los abusados y a su familia.La denuncia. El hecho de que en la mayoría de las condenas dictadas los responsables sean personas cercanas a la víctima, hace que la situación se traduzca, además de dolor, en una vergüenza que impide denunciar, por eso se teme que la cifra de casos reales sea mayor que la documentada.
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