Los medios de comunicación han recogido, en los últimos días, una gran cantidad de información que destaca el auge del fenómeno de la corrupción en la sociedad dominicana.
Cualquier observador independiente de nuestra realidad puede captar que la administración pública es una de las fuentes preferidas para que se anide este grave mal social.
El clientelismo y el tráfico de influencias se alimentan del Estado y al mismo tiempo son el medio que nutren al poder, mediante un sistema que ha demostrado sostenibilidad y resistencia, porque ha estado presente en todos los períodos de gobierno sin importar su color o bandería partidarista.
Estamos de acuerdo que es así. Pero, ¿qué podemos hacer?, ¿por dónde orientar nuestra actividad para dar el salto que nos aleje del lamento y nos acerque a la acción positiva?
A partir de las recomendaciones del Segundo Informe Alternativo de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre la Aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción por parte del Estado dominicano, presentado en mayo pasado, se pueden rescatar algunas soluciones sencillas pero efectivas en este camino:
1. Modificar o sustituir la actual Ley de servicio civil y carrera administrativa, para que la entrada por concursos y la carrera sean obligatorias en todo el Estado, de forma que los servidores de carrera no puedan ser cancelados a menos que hayan cometido faltas graves o tras una evaluación que demuestre su incompetencia.
2. Realizar la valoración de todos los cargos civiles clasificados del Poder Ejecutivo, así como de toda la Administración del Estado, para eliminar el sistema actual de la fijación discrecional de los sueldos.
3. Fortalecer legalmente y con recursos a la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), como rectora del sistema, para garantizar la aplicación de la nueva normativa.
4. Generalizar la figura de las audiencias públicas en el proceso de compras de bienes y servicios, en todo tipo de licitación.
5. Establecer la figura de las Comisiones de Contraloría Social para dar seguimiento a la inversión y al gasto público.
6. Designar en todas las instituciones los Comités de Compras.
7. Establecer la obligatoriedad de una página web en cada institución estatal para transparentar todas las modalidades de compras.
8. Modificar el Código Procesal Penal en su artículo 264 para establecer un sistema de protección a los denunciantes de actos de corrupción.
9. Establecer premios y reconocimientos a los servidores públicos que denuncien actos de corrupción, comprobados por las investigaciones.
10. Modificar el Código Penal, para que además de castigar el recibir dádivas, recompensas, favores y otras ventajas, se haga extensivo a su solicitud; así como establecer un mínimo de cinco años de prisión para los casos de soborno.
¿Solucionan estas medidas la ola de corrupción que nos afecta? Reconocemos que no es el remedio total, pero la sociedad dominicana requiere de señales claras de control, prevención, persecución y castigo de la corrupción. Es responsabilidad del Estado disponer de todos los medios para que esto sea efectivo y de la sociedad civil reclamar su aplicación.
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